El agua es uno de los componentes esenciales para la vida en el Planeta, es un elemento vital para la sostenibilidad de los recursos naturales, la biodiversidad y la vida humana. Sin embargo, la escasez del recurso y el uso indebido, ocasionado por las malas prácticas de control de saneamiento, constituyen en la actualidad amenazas directas y advertencias claras de los cambios requeridos para un desarrollo sustentable. Dicho desarrollo, de acuerdo a Max-Neef, (Tobón Quintero, 2007, pág. 52), implica que las personas son el centro de dicho proceso, en lo el autor citado denomina como “desarrollo a escala humana”. Esto quiere decir que el desarrollo se debe concentrar y sustentar en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto independencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. Cuando el desarrollo se contempla como ese proceso integrador de aspectos sociales, ambientales, tecnológicos, jurídicos entre otros, es posible entender que el agua y las medidas para el saneamiento, desempeñan roles de vital importancia en la constitución de un modelo de desarrollo sustentable, y como componentes para la consolidación de medidas económicas, políticas y jurídicas de carácter integral. Agua y saneamiento son entonces elementos conjuntos, que los ordenamientos jurídicos deben regular para permitir el uso adecuado de los recursos naturales y por ende la realización de los derechos humanos. Es por este último motivo, que este artículo pretende analizar el abordaje que los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia local de la Corte Constitucional Colombiana, han realizado sobre la relación entre agua y saneamiento. Y a partir de esto, establecer el discurso jurídico en torno a la forma como el agua ha pasado de ser un simple bien de uso común, a estar su acceso clasificado como derecho fundamental, cuando está destinada para el consumo humano. Buscando así exponer los marcos de referencia encontrados y su posible aplicabilidad en casos concretos de grupos socioeconómicamente vulnerables.