A partir de la Constitución Política de 1.991, la forma en que se aplica la Ley por parte de los Jueces de la República ha cambiado. Ya no sólo se basan en el Código Laboral y la Jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, sino también en la Carta Política de nuestra Nación y en toda la Jurisprudencia que la Corte Constitucional, que como ente defensor de la Constitución, ha emitido. Esto ha hecho que entre ambas Cortes haya roces que comúnmente se han conocido como "choque de trenes", que no son más que divergencias en la forma de aplicar las Normas, por posturas o posiciones en las que cada una la interpreta, de acuerdo a los preceptos que defiende. Todas las Cortes defienden sus criterios y es evidente que cada una considera que tiene la razón, lo que a mi modo de ver pone en tela de juicio la objetividad y seguridad jurídica del país. Cada vez es más frecuente escuchar que por vía de tutela la Corte Constitucional revoca sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y, lo único que hace en estos casos, es ahondar más en la disputa. Parecería un caso de medición de fuerzas, donde cada Corte se siente con la legitimidad necesaria para defender dichos criterios. Podemos plantear un ejemplo que podría ayudar a entender este conflicto y es el de la libertad de expresión: La Corte suprema de Justicia privilegia la protección del honor sobre la libertad de expresión, lo cual la Corte Constitucional no comparte. Ambas posiciones son respetables y plausibles, cada una tiene argumentos válidos, pero el hecho de coexistir ambas posiciones, hace que persista una inseguridad jurídica que ha trascendido a los Juzgados y Tribunales donde se imparte justicia. Esta disparidad de criterios que se presenta entre las Altas Cortes, que son las Instituciones encargadas de unificar la jurisprudencia y de clarificar los senderos del derecho para que los Jueces y Magistrados a la hora de impartir justicia lo hagan dentro de la mayor objetividad posible, ha permitido que se presenten casos como éste que nos ocupa: dos fallos diferentes sobre casos prácticamente iguales y con el agravante que ambos fallos son legítimamente válidos.