RESUMEN: El sistema actual de financiación autonómica se ha caracterizado por no proporcionar suficiencia financiera en muchas regiones a fin de garantizar su nivel de gasto social. Se mantiene de este modo cierto desequilibrio vertical acentuado en los últimos años tras la plena asunción de competencias en educación y sanidad. Igualmente, las variables que se utilizaron al determinar las necesidades de gasto regionales así como su ponderación generaron amplias diferencias en financiación per cápita ajustada y la necesidad de tener que adaptarla a las necesidades reales. En base a lo anterior, y de cara a la reforma del sistema de financiación en especial en la parte correspondiente a los gastos de tipo social, el presente trabajo analiza su cobertura así como los diferentes factores que influyen en dicha problemática. Precisamente, aunque el sistema actual introdujo nuevas variables (para determinar necesidades de gasto sanitario y educativo y ajustar anualmente las mismas) pensamos que se puede avanzar más en este campo investigando el efecto que otros parámetros puedan tener tanto sobre el monto total de financiación como su reparto. Y es que algunas CCAA incurren en costes fijos reales específicos en la prestación de cierto tipo de gastos (que ya existían en versiones anteriores del modelo de financiación) que necesitan ser recogidos de alguna manera en la fórmula de variables de necesidad anuales y no en el statu quo inicial autonómico. A su vez, las variables utilizadas para identificar las necesidades de gasto en educación y sanidad se pueden desagregar aún más que las actuales intentando ajustar las diferencias reales entre CCAA. De esta forma, consideramos que, por ejemplo, tanto la población escolar en educación secundaria o universitaria podrían darnos una valoración informada acerca del gasto que una CCAA dedica a estas funciones. Asimismo, las personas dependientes o afectadas por enfermedades crónicas pueden servir para aproximar, aún más, el gasto de las CCAA en servicios como la sanidad y servicios sociales. Por tanto, la modificación propuesta de la fórmula de necesidades de gasto serviría para comparar poblaciones ajustadas y necesidades de gasto por habitante bajo ese supuesto frente al sistema actual. Dado que hay margen de mejora en el sistema, una mejor evaluación del gasto autonómico contribuirá a diseñar mejor sus necesidades y suficiencia financiera. Y es que se trata de gastar mejor en sintonía con la realidad de la financiación autonómica y coyuntura económica de cada momento. Esto supone que en educación se precisa no sólo de nuevos fondos para mejorar su calidad sino también fomentar la capacidad crítica de los alumnos para reforzar su capacidad adaptativa ante los puestos de trabajo del futuro que están por venir debido a la revolución tecnológica. Y respecto a sanidad, es de esperar que el envejecimiento de la población, cronicidades (que requieren más tratamiento durante más tiempo) y desigualdades provoquen que el gasto sanitario aumente lo que exigirá nuevos fondos y vincular el gasto sanitario a la eficiencia, nueva gobernanza y a tratamientos coste-efectivos que tengan éxito con los pacientes.