En el presente informe se desarrolla el estudio de los derechos de propiedad y de libertad económica y de empresa de que son titulares los particulares contratistas que sostienen relaciones contractuales con el Estado a partir de una confrontación directa con las normas y principios que gobiernan la contratación Estatal. Instrumentalmente se determina el contenido de los principios informadores de la contratación Estatal, especialmente desde el punto de vista de la jurisprudencia local con apoyo de la doctrina moderna extranjera. Finalmente, se concreta si el contenido del artículo 3 de la ley 80 de 1993, luego de la modificación introducida por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, resulta legitimo frente a los derechos inicialmente estudiados.