Una de las finalidades del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fue hacer efectiva la tutela de los derechos y libertades de los administrados, lo que buscó tener una codificación menos adjetiva y más sustancial en la que se regularan todos los aspectos tanto en la Administración como en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; sin embargo, lo no regulado en esa codificación, sigue siendo tramitado por expresa autorización del artículo 306 del C.P.A.C.A., a través del Código General del Proceso, siendo un asunto relevante el poder clarificar cómo se aplica esta codificación a la obtención del dictamen pericial en el juicio administrativo, lo cual se hará de la mano de la jurisprudencia y la doctrina, teniendo en cuenta la modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021, mediante la cual se modificaron los artículos 218 a 222 de la Ley 1437 de 2011, introduciendo un cambio sustancial en la presentación de esta prueba especial, relacionada con la obligación y forma de aportarlas. Lo anterior, se estructuró a partir lo expuesto por el Máximo Órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo entre los años 2021 a 2023 y en el Tribunal Administrativo de Risaralda, en aras de ratificar a través de la jurisprudencia las reglas de aplicación del C.G.P., en el trámite de la prueba pericial y su aplicación dentro de los juicios administrativos.

One of the purposes of the Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation was to enforce the protection of the rights and freedoms of the administered, which sought to have a codification less adjective and more substantial in which all aspects were regulated both in the Administration as in the Contentious Administrative Jurisdiction; However, the non-regulated, continues to be processed, by express authorization of the CPACA, through the General Code of the Process, being a relevant issue to clarify how this coding is applied to the processing of resources in the administrative trial, which is will make the hand of jurisprudence and doctrine. It will be of manifest relevance to handle what has been stated by the Supreme Organ of the Contentious Administrative Jurisdiction between the years 2014 to 2016, in order to ratify through the jurisprudence the rules of application of the CGP in the processing of the resources.

Universidad Libre Seccional Pereira - Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Maestría en Derecho Administrativo