En el ámbito del Derecho colombiano, la implementación de medidas cautelares innominadas en el Proceso Ordinario Laboral surge como una cuestión de relevancia. Estas medidas, contempladas en el Código General Procesal, buscan salvaguardar derechos y garantizar el cumplimiento de futuras decisiones judiciales, y la pregunta radica en si serían eficaces dentro del contexto laboral. Al analizar las prácticas actuales, es notorio que algunos jueces laborales están decretando medidas cautelares que no están explícitamente detalladas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, un aspecto crucial es si para tales medidas, los jueces están solicitando el pago de cauciones. La exigencia de cauciones o pólizas como requisito previo para el decreto de estas medidas podría afectar su eficacia. El ámbito laboral, siendo un espacio de protección de derechos fundamentales, podría verse obstaculizado si se impone a las partes la carga financiera de una caución. Es esencial considerar por qué deberían decretarse medidas cautelares innominadas en este proceso sin exigir tales pagos. La naturaleza del proceso laboral, con su foco en la protección del trabajador y el equilibrio de poder entre empleador y empleado, justifica un régimen propio de medidas cautelares, que respondan adecuadamente a sus particularidades y necesidades

In the field of Colombian law, the implementation of innominate precautionary measures in the Ordinary Labor Process arises as a matter of relevance. These measures, contemplated in the General Code of Procedure, seek to safeguard rights and ensure compliance with future judicial decisions, and the question is whether they would be effective within the labor context. When analyzing current practices, it is notorious that some labor judges are decreeing precautionary measures that are not explicitly detailed in the Labor and Social Security Procedure Code. In addition, a crucial aspect is whether for such measures, judges are requesting the payment of bonds. The requirement of bonds or policies as a prerequisite for the decree of these measures could affect their effectiveness. The labour sphere, being an area of protection of fundamental rights, could be hindered if the parties are imposed the financial burden of a bond. It is essential to consider why innominate injunctions should be issued in this process without requiring such payments. The nature of the labor process, with its focus on worker protection and the balance of power between employer and employee, justifies its own regime of precautionary measures, which adequately respond to their particularities and needs.

Universidad libre de Colombia , Facultad de derecho, Maestría en Derecho Procesal