Los pactos relativos a la atribución de uso de la vivienda familiar en previsión de la ruptura parental son perfectamente compatibles con el espíritu del derecho contemporáneo de la familia. Los límites a su eficacia y carácter vinculante ya no se asocian a una causa ilícita o amoral como antaño (arts. 1255 y 1275 CC). Responden a una causa justa que justifica su celebración. Tampoco tienen por qué suponer o encubrir transacción alguna proscrita por el art. 1814 CC. Ahora bien, persisten los consabidos límites a la autonomía de la voluntad: la contravención de las normas imperativas, moral y orden público familiar. Y todos ellos, persiguen sopesar la distinta naturaleza y valoración de los intereses familiares que se tratan de proteger y cuya defensa asume el Estado. Sobre esta idea de fondo, se ha de atender preferentemente a lo estipulado por los otorgantes respecto al destino de la vivienda familiar, quienes, al suscribir el acuerdo, están en la creencia de que aquello que pactan contribuirá a evitar una futura controversia. Pero la clave estará en determinar, no ya la validez del pacto celebrado, que está fuera de dudas, sino la eficacia del mismo en el momento de hacerlo valer y donde las circunstancias pueden haber variado de forma sustancial. Y considerando también que nuestro ordenamiento no ampara actos contarios a la buena fe y proscribe el abuso del derecho (art. 7 CC).