La constitución política de Colombia de 1991 incorporó como norma fundamental, en el artículo 47 de la misma, la disposición según la cual el Estado tendría como objetivo adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestaría la atención especializada que requirieran. Sin embargo, solo a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de Acción de Tutela (Recurso de Amparo Constitucional) se ha logrado en parte la protección que, como mandato imperativo de la Carta, se le impone al Estado. En este artículo se busca presentar cómo el alto tribunal ha fallado los casos que han sido sometidos a su control, para que la población discapacitada, así como las entidades que propugnan su protección, pueda lograrla efectivamente ante los jueces de la República.

Colombia’s Political Constitution of 1991 added as basic enactment Article 47 through which the State should aim to implement a policy of safeguard, rehabilitation and social integration of the physical, sensory and psychic impaired, with adequate specialized programs. Nevertheless, it was necessary to appeal to the recently enacted «acción de tutela" (appeal for constitutional shelter) to demand for compliance of this mandatory protective law by part of the State. This article describes judgment of Court regarding cases brought up to its instance, to help both handicapped population and protective organism develop effective strategies before justice tribunals, when defense of rights be required.

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