El presente artículo analiza dos cuestiones relativas al inicio del procedimiento sancionador: 1) en relación a la primera de ellas, el Tribunal Supremo ha establecido recientemente que el procedimiento sancionador puede iniciarse antes de la notificación de la liquidación de la que se deriva, cuestión que ha generado polémica por la posible vulneración de derechos constitucionales; 2) la segunda examina la caducidad para que pueda iniciarse el procedimiento sancionador lo que conlleva el estudio de los diferentes procedimientos afectados así como su aplicación a los supuestos de ejecución de resoluciones tras la anulación de sanciones.