El presente artículo analiza el principio de buena administración, que si bien no está recogido como tal en nuestros textos legales, tiene su anclaje normativo no solo en textos comunitarios sino en la propia Constitución bajo la cobertura de otros principios. Es la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que últimamente está resaltando su aplicación al ámbito tributario, para la cual se analiza la diferente casuística recogida en su jurisprudencia. La Administración tributaria debería de aplicar este principio de oficio, sin que sean los Tribunales quienes recuerden su aplicación de oficio en los procedimientos tributarios.