El estudio explora los límites del derecho antidiscriminatorio en el proceso penal de las mujeres encausadas en Puerto Rico. Se basa en las hipótesis de que el derecho antidiscriminatorio, tal y como está actualmente configurado y empleado, no alcanza a identificar y, por tanto, a corregir, las discriminaciones que afectan a las mujeres encausadas.El desarrollo de la hipótesis planteada se efectúa partiendo de una serie de premisas teórico-críticas. La más importante afecta al concepto de discriminen que se utiliza normalmente en la cultura jurídica, un concepto anclado en el formalismo e individualismo; y, la segunda, aparejada a la anterior, se basa en que la cultura jurídica requiere de los instrumentos explicativos de la criminología feminista para abordar el mencionado discrimen. En este sentido, el estudio presenta el contexto teórico-histórico sobre las mujeres en conflicto con la ley penal y establece la importancia de iniciar los análisis sobre las mujeres encausadas desde el debate de la construcción social del género y las repercusiones de la vinculación de roles tradicionales asignados socialmente al género en el proceso penal.En la parte empírica del estudio se utiliza una metodología socio-jurídica. Así, junto análisis de legislación y de casos, se integra la percepción y las experiencias de abogadas y abogados a través de una encuesta en línea y de entrevistas a profundidad, extendiéndose estas últimas también al personal de la Directoría de Programas Judiciales del Poder Judicial de Puerto Rico. Entre los hallazgos del estudio se presentan los datos sobre las manifestaciones del discrimen por razón de género contra las mujeres encausadas en el sistema judicial puertorriqueño entre los años 2015 a 2021; se identifican los factores externos que inciden en el proceso penal de esas mujeres; y, por último, se analizan las acciones tomadas por el sistema judicial para erradicar el mencionado discrimen. El trabajo de tesis finaliza con una serie de conclusiones y recomendaciones; estas últimas dirigidas fundamentalmente a los y las responsables del funcionamiento del sistema judicial en Puerto Rico.

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