Este pequeño trabajo, es un esfuerzo por clarificar ciertos mitos jurídicos (que no dejan tampoco de ser sociales y políticos) derivados de la aplicabilidad del principio de legalidad y de cómo, este principio, según el vértice por el que se le mire, debe ser armonizado en sus implicaciones cuando se le deba contraponer a instituciones costarricenses que, por su fundamentación histórico-jurídico, merece sean analizadas en su real naturaleza jurídica. Tal y como sucede con la Universidad de Costa Rica, institución que goza de independencia y autonomía plena en el ejercicio natural de su quehacer. La siguiente investigación iniciará con un recorrido clásico-teorético sobre el Estado de Derecho y el principio de legalidad como principio irrigador propio de la organización y funcionamiento del Estado; para pasar por el matiz del concepto de Universidad y, en su marco, el de autonomía universitaria en Costa Rica, así como una visión crítico-constructiva según su verdadera naturaleza en contraposición con aquella visión clásica de legalidad para, finalmente, aterrizar en el problema objeto de este trabajo que es: la aplicación del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública en (o para) la Universidad de Costa Rica y la posible impronta que ello conlleva.

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