Las Inmunidades Parlamentarias tal y como se encuentran reguladas en la actualidad en el ordenamiento jurídico costarricense, son susceptibles de abrir portillos legales y convertirse en eventuales formas de Impunidad. Si bien, la finalidad de dichas prerrogativas se circunscribe, en condiciones ideales, a razones de funcionalidad e interés público, la práctica costarricense, ha demostrado que el abuso de los privilegios es constante, amparado a derecho y promotor de una criminalidad de élite que queda sin castigo. Las particularidades propias de las Inmunidades Parlamentarias, su vaga regulación, escaso estudio y compleja compresión, contribuyen en gran medida a la creación de un manto legal de permisibilidad, y la aprobación moral de conductas reprochables, que alimentan la cultura del olvido que tanto caracteriza el fenómeno de la impunidad.