El Estado costarricense pretende garantizar la protección de los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política, sosteniendo su intención en la legislación constitucional como instrumento supremo del sistema de fuentes normativas. Dicho cuerpo legal establece el funcionamiento del Estado Social de Derecho mediante el pueblo, cuatro órganos con rango de Poder Público que llevan a cabo de forma independiente la protección a la sociedad en ámbitos específicos de legislación, las estrategias de ejecución, la judicialización y, la organización, dirección y vigilancia de la materia electoral. De forma que se permite a la sociedad costarricense confiar en que el Estado tiene un sistema de Poderes Públicos con determinadas funciones para alcanzar un mayor bienestar, sin delegar las tareas de uno en otro. Tal cuestión es defendida por el Principio de Separación de Poderes y sus bases filosóficas, doctrinales y normativas, asegurando que cada Poder Público actúe conforme a sus potestades, evitando abusos de poder. Centrando en un foco de estudio al Tribunal Supremo de Elecciones, debe resaltarse que, si bien la norma constitucional no establece literalmente a este órgano como un cuarto Poder Público, algunos doctrinarios sí lo consideran como tal por tener la potestad exclusiva e independiente de resolver conflictos electorales e interpretar normativa por sí mismo, en su ejercicio de organizar, defender y vigilar el derecho al sufragio en Costa Rica. Resulta entonces de gran importancia, demostrar la hipótesis de esta investigación sobre la problemática de que la Sala Constitucional exceda sus competencias de Control de Constitucionalidad en las actuaciones jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Elecciones, pues han surgido situaciones en las cuales la primera mediante su control ejercido, ha interferido en las funciones independientes del segundo, dando paso a complicaciones que perjudican a la sociedad y al sistema...

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