Desde un punto de vista dogmático, un proceso penal cuya tramitación supera el plazo razonable, esto es, de duración excesiva, no sólo lesiona el derecho del investigado a ser juzgado rápidamente, sino que también afecta a todos y cada uno de sus derechos fundamentales y sus garantías procesales reconocidas en la Constitución y en normas de derecho Internacional. El objetivo de este trabajo es el de señalar la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a esta garantía y los criterios que ha fijado para evaluar la duración razonable de un proceso penal. Se expone en qué consiste este concepto, cuáles son los elementos que lo constituyen y la forma de hacerlo práctico en la controversia procesal.