En Colombia, la práctica de contratar trabajadores mediante acuerdos de prestación de servicios ha experimentado un crecimiento notable en las instituciones estatales en los últimos años, superando incluso al personal contratado directamente, lo que plantea preocupaciones sobre posibles evasiones de responsabilidades estatales en términos de seguridad social y estabilidad laboral, derechos fundamentales reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Además, las deficiencias en la aplicación adecuada de las características y naturaleza de estos contratos por parte de las entidades gubernamentales, que a menudo tratan a los contratistas como si fueran empleados regulares, agravan aún más la situación. Esto ha dado lugar a una proliferación de litigios con demandas significativas contra el Estado debido a la configuración de lo que se conoce como "contrato realidad". Un ejemplo de esto es la sentencia del Consejo de Estado número 50001-23-31-000-2011-00304-01 (2079-2018), donde se reconoció que el demandante había trabajado bajo un "contrato realidad" en lugar de un contrato de prestación de servicios. En consecuencia, se ordenó el pago parcial de las sumas que el trabajador no había recibido durante su empleo en el Hospital Departamental de Villavicencio. Además, la sentencia hace referencia a disposiciones legales, como la Ley 80 de 1993 y la sentencia C-154 de 1997, que establecen las características de los contratos de prestación de servicios y distinguen claramente entre este tipo de contrato y los contratos laborales en términos de horarios de trabajo, subordinación y dependencia. Este fallo judicial es significativo porque establece pautas para la interpretación de acuerdos, tomando en cuenta el lapso entre el término de un contrato y el inicio de otro. También, aclara que los fondos que los contratistas destinan a la seguridad social no pueden ser devueltos debido a su carácter tributario.

In Colombia, the practice of hiring workers through service provision agreements has experienced a remarkable growth in state institutions in recent years, surpassing even directly hired personnel, raising concerns about possible evasions of state responsibilities in terms of social security and labor stability, fundamental rights recognized both nationally and internationally. In addition, shortcomings in the proper application of the characteristics and nature of these contracts by government entities, which often treat contractors as if they were regular employees, further aggravate the situation. This has resulted in a proliferation of litigation with significant claims against the State due to the configuration of what is known as a "reality contract". An example of this is the judgment of the Council of State number 50001-23-31-000-2011-00304-01 (2079-2018), where it was recognized that the plaintiff had worked under a "reality contract" instead of a contract for the provision of services. Consequently, the partial payment of the amounts that the worker had not received during his employment at the Departmental Hospital of Villavicencio was ordered. In addition, the judgment refers to legal provisions, such as Law 80 of 1993 and judgment C-154 of 1997, which establish the characteristics of service provision contracts and clearly distinguish between.

Tabla de contenido Resumen iv Palabras clave v Abstract vi Keywords vi Pregunta problema 4 Objetivo general 4 Objetivos específicos: 4 Marco teórico 5 Conclusiones 17 Bibliografía 18

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