La contratación pública se ha concebido como un medio para que el Estado pueda alcanzar los fines previstos en la Carta Política de 1991 y por lo tanto constituye una de las principales actividades de servidores públicos quienes en el ejercicio de su cargo disponen de recursos que han sido entregados al fisco por el ciudadano común para ser convertidos en obras, bienes y servicios al beneficio de la comunidad. Tales actividades se encuentran bajo el autocontrol propio de la atribución disciplinaria y serán reprochadas con la correspondiente consecuencia jurídica cuando sean sustancialmente ilícitas, se adecuen a los tipos previstos en el régimen común y en los especiales bien sea como deberes, prohibiciones o como conductas catalogadas directamente como faltas graves o gravísimas, las cuales pueden surgir en las etapas previa, contractual propiamente dicha y postcontractual. Además de cumplirse los requisitos anteriores, la responsabilidad emergerá cuando el obrar del destinatario de la ley disciplinaria se adecue al principio constitucional de culpabilidad, según el cual no puede atribuirse a un servidor público responsabilidad de carácter objetiva sino que exige que dentro de la actuación procesal su comisión se produzca a título de dolo aspectos cognoscitivo y volitivo- o culpa