El derecho a lo largo de la historia se ha adaptado a los cambios presentes en la sociedad, actualizándose de manera constante y generando nuevas normas que permitan regular la conducta de los miembros de la sociedad, conforme esta última avanza. Por esta razón, el surgimiento de las novedosas herramientas tecnológicas e informativas, implicó un reto para los legisladores a nivel mundial, lo anterior por las nuevas relaciones jurídicas que represento la aparición de estas nuevas tecnologías. Encontrándose dentro de estas relaciones, aquellas que vulneraban el ordenamiento jurídico en el ámbito penal, razón por la que en diferentes países se empezó a acuñar el término de “delitos informáticos”. Esta nueva noción implico para el mundo jurídico, la necesidad de generar una normatividad sustancial y procesal en la materia. Para el caso colombiano se profirió la ley 1273 de 2009, norma que adiciona a la ley 599 del 2000 el título VII BIS de la protección de la información y de los datos, con 10 artículos que buscan castigar las conductas punibles que atenten contra estos nuevos bienes jurídicamente tutelados, siendo una de las normas más severas a nivel mundial, sus sanciones no solo son económicas, también privativas de la libertad. Sin embargo, en materia procesal no se generó un cambio estructural en materia de competencia para los jueces penales que deben dirimir los conflictos en los que se encuentren involucrados delitos informáticos. Por este motivo la presente investigación, pretende analizar la idoneidad de los jueces penales municipales para juzgar los delitos informáticos, en punto de la competencia funcional que debe tener el juzgador.

The right throughout history has been adapted to the changes present in society, constantly updated and generating new rules that allow regulating the behavior of members of society, as the latter progresses. For this reason, the emergence of new information technologies, implied a challenge for legislators worldwide, the above by the new legal relationships that represent the emergence of these new technologies. Being within these relationships, those that violated the legal system in the criminal field, which is why in different countries the term "computer crimes" began to be coined. This new notion implied for the legal world, the need to generate a substantial and procedural normativity in the matter. For the Colombian case, Law 1273 of 2009 was issued, a rule that adds to the law 599 of 2000 the title VII BIS of the protection of information and data, with 10 articles that seek to punish the punishable conducts that attempt against these new ones legally protected, being one of the most severe rules worldwide, its sanctions are not only economic, also depriving of freedom. However, procedural matters did not generate a structural change in competition for criminal judges who must settle disputes in which computer crimes are involved. For this reason, the present investigation intends to analyze the suitability of municipal criminal judges to judge computer crimes, in terms of the functional competence that the judge should have.

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