La presencia de los grupos de empresas en nuestra economía obliga a replantearse algunas de las reglas y principios sobre los que se ha asentado el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora. Si bien es cierto que encontramos respuestas parciales en la legislación sectorial, el ordenamiento jurídico sancionador no ha prestado especial atención a esta cuestión. Se ha construido una teoría sobre las sanciones a las empresas mercantiles tratándolas como si fuesen, todas ellas, «sociedades isla», prescindiendo de la realidad económica subyacente. Para avanzar hacia una respuesta más adecuada ante este fenómeno, es necesario, en primer lugar, hacer hincapié en la diferente intensidad con la que aplican determinados principios (especialmente, el de la responsabilidad personal) en las sanciones a las personas físicas y jurídicas. Este tiene que ser el pilar y punto de partida sobre el que se asiente cualquier construcción dogmática sobre la responsabilidad sancionadora de los grupos de empresas