El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo potestativo, es decir no obligatorio, que recauda el ayuntamiento gravando el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos recogido en el artículo 104 del Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Por tanto, la problemática del asunto gira en torno a que se cobrase el impuesto independientemente de que hubiera pérdidas o ganancias ya que se basaban en el valor catastral del bien en ese preciso momento y le aplicaban unos coeficientes multiplicadores dando lugar siempre al pago del impuesto por el contribuyente. En definitiva, las posturas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional consideran inválido este impuesto declarando nulo el método de cálculo de la base imponible interviniendo el legislador con rapidez mediante Real Decreto-Ley para evitar el vacío legal del impuesto, aunque con vistas en un futuro de cuestionar su constitucionalidad.