En este trabajo analizo el derecho a la vida reconocido en la Constitución española (art. 15) y el derecho a la libertad (art. 17), en cuanto derecho a la autodeterminación y a la posibilidad de que un tercero disponga de la vida ajena, en aquellas situaciones en las cuales el sujeto pasivo manifiesta un consentimiento de naturaleza suicida. Examino desde la perspectiva jurídica del ordenamiento español tres supuestos específicos: 1.º) cuando el «tercero » es un particular, abordando la temática del auxilio al suicidio; 2.º) la situación del personal sanitario en confrontación con el problema del rechazo del tratamiento terapéutico; 3.º) los derechos y deberes de la Administración pública, respecto al que he seleccionado el rechazo a la alimentación e hidratación por personas sometidas a la custodia de los poderes públicos.