La construcción europea ha tenido un basamento fundamentalmente económico. La articulación de un mercado de libre circulación de bienes y trabajadores, de una moneda única (aún no de un Tesoro común) o, más recientemente, de un sistema de regulación bancaria, constituyen hitos en el camino de convergencia normativa en materia económica de los Estados miembros. En paralelo a ese proceso económico, aunque de forma más discontinua, el proyecto europeo ha impulsado también desarrollos en el área de los derechos civiles y sociales. El así llamado Modelo Social Europeo (MSE) se ha convertido en un elemento definidor de Europa, una característica particular que diferencia a la Unión Europea y a los socios que la integran de otros países y áreas de libre comercio. Europa no es única porque su proyecto de integración económica sea el más avanzado. Tampoco lo es porque las instituciones que lo regulan, con origen en el conjunto de acuerdos políticos que dan lugar al Tratado de Roma, sean más antiguas, se encuentren más desarrolladas o vinculen más densamente a sus miembros. La Unión Europea es un proyecto de construcción supra-nacional excepcional porque a su dimensión económica se añade una dimensión de derechos ciudadanos en los que el componente social, de bienestar y laboral se presenta como un elemento central.