En la Constitución española de 1978 se contempla en su artículo 47, encuadrado entre los Principios rectores de la política social y económica, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igualmente se otorga a los poderes públicos la potestad de carácter general en el art. 33 de la CE. al establecer la posibilidad de delimitar o restringir el uso y disfrute de la propiedad privada conforme al contenido determinado por las leyes atendiendo a su función social. Y es esta misma función social la que lleva a la necesidad de adecuar la regulación de los arrendamientos urbanos a la situación social del momento. Han sido pluralidad de sectores, en uno y otro sentido, quienes han denunciado muy negativamente la realidad social . Unos desde la posición de los inquilinos, la gran mayoría haciéndose eco de los propietarios, o con pretensiones de denuncia general. Entre los problemas resaltados con especial relevancia lo ha constituido el tratamiento con que se configure a las transmisiones inter vivos del derecho arrendaticio, únicamente admitidas la cesión y subrogación de la titularidad del derecho. En el presente trabajo pretende poner de relieve la problemática sobre esta materia haciendo referencia a los supuestos de transmisión inter vivos, en cualquiera de sus formas, de la vivienda, exclusivamente. En el proyecto que se analiza viene a establecerse una especie de remiendo a la Ley de 1964, la cual ya constituía un Texto Refundido de las normas anteriores: leyes de 22 de diciembre de 1955, articulada por Decreto de 13 de abril de 1956, que palie los defectos que con el transcurso del tiempo han ido agravando situaciones de inquilinos y propietarios.

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