La responsabilidad del Estado por error judicial es una institución que se encuentra consagrada en el art. 121 de nuestra Constitución en el que se reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados de los daños sufridos como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Sin embargo, es la Ley Orgánica del Poder Judicial la encargada de desarrollar legislativamente esta previsión constitucional diferenciando tres supuestos indemnizatorios: según exista un error judicial, un funcionamiento anormal o prisión provisional indebida. Esta última ha sido la que ha traído consigo más problemas prácticos en las últimas décadas, obligando al Tribunal Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de varios extremos del art. 294 de la LOPJ para acoger la doctrina ya asentada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que entendía que la redacción original atentaba contra el derecho fundamental a la presunción de inocencia.