La Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente (en adelante LDGC), aprobada por Las Cortes españolas al inicio de 1998, aparece inscrita en un movimiento internacional de reforma del Derecho tributario que en cada país ha tenido manifestaciones diversas. Todas ellas, sin embargo, arrancan de una preocupación común por reforzar la posición jurídica de los contribuyentes en el desarrollo de sus relaciones tributarias. En este trabajo se da noticia, en el epígrafe primero, de los trabajos internacionales que han guiado y acompañado dicho movimiento de reforma. En los cuatro epígrafes sucesivos se repasa el eco que dicha tendencia tuvo en distintos ordenamientos del mundo anglosajón, en Francia, en Alemania y en Italia. Se pretende con ello contribuir a la comprensión e interpretación de la normativa española al respecto -la mencionada LDGC, como otras normas con ella relacionada, como las reguladoras del Consejo de Defensa del Contribuyente- desde la perspectiva del Derecho comparado y del entorno internacional en el que nace. En definitiva, enmarcar lo ocurrido en nuestro país en la materia, contrastándolo con lo acaecido en otros ordenamientos comparables para evidenciar su paralelismo. La LDGC y otras normas adyacentes a la misma no son sino la resonancia en el ordenamiento español de finales de los noventa de lo que se cuajó en otros sistemas jurídicos al iniciarse la misma década: un conjunto de reformas heterogéneas, básicamente de Derecho formal, unidas por el propósito de lograr un mayor equilibrio de derechos y deberes de los contribuyentes, de facultades y obligaciones de los empleados públicos, en el desarrollo de las relaciones tributarias. A juicio de los autores, el "estatuto del contribuyente" (entendido como la proyección del estatuto del ciudadano sobre la materia tributaria) tiene su regulación natural en el seno de las normas que disciplinan los procedimientos tributarios y no en una norma específica. La "codificación" aislada de los derechos del contribuyente puede desempeñar un efecto didáctico importante para los sujetos que intervienen en tales procedimientos, pero no parece necesario que tal elenco se incluya en una ley especial, sino que podría bastar para ello un documento administrativo dotado de la necesaria difusión. Por ello sería de desear que las normas de nuestra Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente se integraran pronto y por completo en el articulado de la Ley General Tributaria.

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