El movimiento migratorio es hoy un problema normativo de primer orden, o, para ser más preciso, fuente de muy diversos problemas en el plano jurídico, toda vez que en su estudio se ven implicadas cuestiones que afectan a muy diversos sectores del ordenamiento. La emigración, y su correlato la extranjería, deben ser abordados con todo rigor por los juristas, que se ven enfrentados a la necesidad de conjugar las viejas construcciones tradicionales en que se asienta el orden estatal del mundo moderno, con los valores en que descansan nuestras democracias liberales representativas contemporáneas. Es decir, la dignidad de la persona como fundamento del orden político y la paz social por emplear las palabras del artículo 10.1 de nuestra Constitución. El Derecho no puede dar la espalda a este acuciante problema social y humano de la emigración. Entre las múltiples facetas que desde una perspectiva jurídica plantea el tema de la emigración y la extranjería, probablemente el trasfondo teórico de mayor calado, el que se encara con las verdades aparentemente más inamovibles para la cultura jurídica occidental, se resume en la pregunta que un día se hiciera Juan Rodríguez-Drincourt y cuyos resultados ofrece hoy en forma de libro. ¿Pueden los extranjeros ser titulares de derechos políticos?

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