La reforma operada por la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido importantes modificaciones en los delitos contra la flora silvestre. Entre ellas, la sustitución de un objeto material definido como "especie amenazada" por el más amplio e impreciso de "especie protegida", con la consiguiente merma de garantías en sede de ofensividad. En este contexto resulta imperativo el análisis de las consecuencias asociadas al nuevo tenor del art. 332 C.P., superando posibles déficits lesivos mediante una exegesis respetuosa con el significado de ultima ratio del Derecho penal, pues la deficiente redacción de alguno de los elementos del delito, cuya oportunidad es más que discutible, genera problemas que trataremos de poner de relieve con este trabajo, también desde la perspectiva de nuestras obligaciones supranacionales.