Según la visión clásica de Sebastián García Martínez, que se basa fundamentalmente en la correspondencia entre Felipe III y sus virreyes y en las disposiciones promulgadas en el período, desde la derogación, en las Cortes de 1604, de la draconiana pragmática “de los cadáveres” de 1586 hasta la expulsión de los moriscos en 1609, el reino de Valencia se enfrentó a cuatro problemas de orden público principales, a saber: la difusión de armas de fuego, la delincuencia asociada a la proliferación de vagabundos, ociosos y forasteros sin empleo; el rebrote (enésimo) del bandidaje, en especial del morisco, que se trató de combatir con una pragmática contra sus valedores y auxiliadores en 1608; y la lucha de bandos, sobre todo en la comarca de la Ribera, que, en vano, se intentó atajar con una amplia batería de medidas. A través de la lectura de los registros de la serie de Conclusiones Criminales de la Real Audiencia, de los procesos penales conservados y de otras fuentes judiciales se examina aquí hasta qué punto la criminalidad valenciana se ajustaba o no a este orden de prioridades políticas y si hubo otros delitos que, a pesar de su gravedad y frecuencia, no fueron objeto de providencias tan publicitadas. La imagen de la delincuencia en el reino que emana de esta documentación desborda con creces los restringidos ámbitos penales en que se volcaron los virreyes. Aunque un fuero de 1585 vedaba la avocación ante la Audiencia de causas criminales que no comportasen las más severas penas corporales, sus jueces se enfrentaron a toda clase de conductas ilícitas: delitos contra las personas, contra la propiedad, de índole económica, propios de moriscos, contra la moral y la honestidad y otros. Sorprende particularmente descubrir que entre los crímenes que la corona no estimó prioritarios, pero obligaron al máximo tribunal del reino a intervenir con reiteración, hubo dos de indiscutible relevancia penal: la falsificación y distribución de moneda, que atentaba contra las regalías del rey, y el quebrantamiento de condena, que ponía en cuestión el propio funcionamiento del sistema de justicia.

Ministerio de Ciencia e Innovación