Uno de los efectos de la declaración del estado de alarma por el COVID-19 fue la suspensión de las actividades judiciales. La reanudación de estas actividades implicaba una serie de nuevos retos (acumulación de trabajo; incremento de la litigiosidad; adopción de medidas de seguridad y salud). El RDL 16/2020, de 28 de abril, afrontó algunos de estos retos e introdujo modificaciones tanto en el desarrollo de la actividad judicial, como en la organización de sus recursos. Este trabajo trata de sistematizar tales medidas desde una perspectiva crítica.