La CIJ, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, dictó su Fallo el día 14 de febrero de 2002, declarando que la emisión de la orden de arresto internacional y su difusión «suponen la violación de una obligación jurídica por parte del Reino de Bélgica respecto de la República Democrática del Congo, ya que ha ignorado la inmunidad de jurisdicción penal y la inviolabilidad que, en virtud del Derecho Internacional, disfruta el Ministro de Asuntos Exteriores en ejercicio de la República Democrática del Congo», afirmado así el carácter absoluto de la inmunidad penal de los Ministros de Asuntos Exteriores en activo.