La posibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada no es una realidad para toda la población española. Desde hace ya algunos años nos encontramos en un contexto de crisis habitacional especialmente caracterizado por fuertes aumentos en los precios de los contratos de compraventa y en las rentas de los alquileres como consecuencia del hecho que la demanda de vivienda ha crecido más que la oferta por distintos motivos (presiones demográficas y económicas, un mayor atractivo de la inversión en esta para dedicarla a alquiler, etc.), que no han venido aparejados de aumentos correlativos en los ingresos de los hogares y que han supuesto una intensificación de las dificultades en el acceso a la vivienda residencial así como un significativo incremento del gasto en alquiler en la cesta del consumo de las familias. Pese a que esta es una situación compartida en numerosos países de nuestro entorno comparado, la severidad de la crisis habitacional es especialmente manifiesta en España, donde se ha visto agravada por el hecho de que las políticas de vivienda desarrolladas durante las últimas décadas se han revelado especialmente inconsistentes e insuficientes. Estas circunstancias han supuesto, recientemente, una profundización en el debate sobre la necesidad de reforzar las políticas públicas en materia de vivienda, de acuerdo con lo previsto por los arts. 47 y 148.1.3.ª de la Constitución Española (CE) y en la línea de la interpretación que del derecho a la vivienda han realizado distintas instituciones y tribunales internaciona¬les4. Como consecuencia de esta discusión, se han sucedido distintas normas, especialmente en el contexto autonómico5, pero también en el estatal -esencialmente, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (LDV), la primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda desde la aprobación de la CE- que, si bien hasta la fecha no han conllevado cambios sustanciales en relación con la resolución de dicha crisis, sí que han tratado de dar más efectividad jurídica a este derecho. A estos avances cabe sumar la mayor sensibilidad hacia el derecho de la vivienda que se observa en las sentencias del Tribunal Constitucional más recientes, más en línea con los pronunciamientos de los tribunales internacionales, que ha afianzado estas políticas. En este contexto, las políticas de limitación del precio de los contratos de arrendamiento de vivienda han resurgido, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, siguiendo modelos ensayados en países de nuestro entorno comparado, por el atractivo que sus efectos inmediatos producen frente a los escasos costes que suponen, en principio, para la hacienda pública. El interés por el estudio de estas experiencias normativas justifica el presente artículo, que analizará, después de hacer una breve referencia a los conflictos que subyacen a este tipo de medidas, las políticas de control de precios ensayadas en nuestro ordenamiento jurídico en relación con la compra y con el alquiler de viviendas. El trabajo seguirá con un examen de los límites normativos que encuadra tanto la actuación del legislador como la de las Administraciones públicas en esta materia y finalizará con una breve valoración de los mecanismos de control de precios estudiados.