En los últimos años, la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) se ha erigido en uno de los grandes éxitos de la Unión Europea (UE). Entre los importantes logros que se ha alcanzado cabe subrayar la puesta en marcha de una agencia europea en el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición y el armamento, conocida inicialmente como la Agencia Europea de Armamento. El establecimiento de este organismo había sido recomendado en diferentes instancias de la Unión Europea. Esta confianza en la contribución de la Agencia a la PESD es tal que los Estados miembros decidieron que la Agencia debía estar operativa a finales del 2004. El propósito del trabajo es el estudio del régimen jurídico de la Agencia, incluyendo el análisis de algunos de los factores que han impulsado su creación, incluyendo el estado del mercado europeo del armamento, y de las perspectivas de acción de la Agencia en el futuro. En el trabajo se analiza como en las cuestiones relativas a la industria de la defensa, los Estados miembros habían optado por actuar al margen de la Unión, ya que la PESD no había incluido hasta el momento las cuestiones de los armamentos en su ámbito de acción. No obstante, la Unión Europea ha confirmado en diferentes iniciativas su interés por cooperar en el tema de los armamentos. Estas iniciativas han sido en muchos aspectos novedosas, pero eran, y son, visiblemente insatisfactorias. En el trabajo se subraya que no existe una estrategia general sobre la base de la cual se coordinen dichas iniciativas. Además la multiplicidad y la rigidez de las estructuras jurídicas e institucionales establecidas, y el solapamiento de competencias da lugar inevitablemente a una duplicación de costes y una evidente pérdida de tiempo y energía. Por otro lado, el orden internacional de la posguerra fría y las condiciones del mercado internacional exigen nuevas políticas armamentísticas en todos los niveles. En ese sentido, tanto la industria de la defensa como los propios Estados miembros son conscientes de las limitaciones que conllevan las restricciones presupuestarias y de las exigencias que derivan de la necesidad de asegurar la competitividad futura del sector europeo de la defensa y de garantizar la disponibilidad de las capacidades militares que la Unión precisará en las próximas décadas. Se concluye que si los Estados miembros desean que la UE asuma plenamente las responsabilidades que le incumben en la comunidad internacional y que la Unión posea una capacidad operativa necesaria para las misiones fuera de su territorio, destinadas a garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y la prevención de la seguridad internacional es indispensable que desarrolle una política común de armamentos, que complemente la PESD. La creación de la Agencia constituyó un paso más hacia la configuración de dicha política. En el trabajo además se recomienda que en caso de que los 25 Estados miembros no puedan alcanzar un acuerdo, y la Agencia se convierta en una más de las iniciativas europeas en este campo, los Estados interesados en progresar en el ámbito de los armamentos deberían perseguir dicho objetivo, incluso al margen de la Agencia.

16 - Pau, Justícia i Institucions Sòlides