El presente trabajo aborda desde una perspectiva jurídica la naturaleza y alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la Resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, aprobada por la Asamblea General de la ONU, como parte integrante de los compromisos asumidos por las empresas a través de la denominada "responsabilidad social corporativa o empresarial". Se expone el contexto y precedentes de los ODS, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados por la ONU en el año 200o, cuyo objetivo y finalidad eran más limitados, o los Diez Principios enmarcados en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact). A continuación se analiza la importancia creciente que ha ido asumiendo la responsabilidad social empresarial, que supone la integración "voluntaria" por parte de las empresas de un conjunto de acciones y prácticas de promoción y respeto de cuestiones relativas a la sostenibilidad, medio ambiente y derechos humanos. Además, se destaca que esta relevancia ha ido en paralelo a la imposición de deberes de divulgación de información "no financiera" o relativa a cuestiones de sostenibilidad a determinadas empresas caracterizadas por su impacto socio-económico por parte de distintas normas dictadas en el seno de la Unión Europea (p. ej. la Directiva 2014/95/CE, que modificó la Directiva 2013/34 o la Directiva (UE) 2022/2464 y, en virtud de su transposición, por el ordenamiento interno (así, el Real Decreto-ley 18/2017 y la Ley 11/2018, que modificaron el CCom, el TRLSC y la Ley de Auditoría de Cuentas). Desde esta perspectiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas han supuesto un avance indiscutible en el concepto de responsabilidad social de las empresas, al alinear en una misma dirección a todos los sectores económicos en la planificación y consecución de las metas a alcanzar. Con ello, la responsabilidad social empresarial se amplía y ya no queda solo centrada en aspectos directamente relacionados con la actividad de la empresa y que afectan exclusivamente a sus socios, accionistas o trabajadores, sino que se centra en su impacto social, en la búsqueda de vías que permitan conjugar el interés de aquellos y el de terceros o skateholders, como los consumidores o usuarios e, incluso, el interés general . Así, por ejemplo, en el ODS relacionado con los derechos de carácter laboral (número 8) que se concreta para las empresas en los Principios 3, 4 o 6 del Pacto Mundial, o en los ODS referentes al medio ambiente y la sostenibilidad (números 12 o 13), que se traducen para las empresas en los Principios 7, 8 y 9. Por último, el trabajo se centra en las consecuencias jurídico-privadas que cabe conectar al incumplimiento por parte de las empresas de los compromisos de los ODS, asumidos a través de sus políticas de RSE o atención a los factores ESG (enviromental, social and governance), lo que exige, de manera previa, plantearse la cuestión de su coercibilidad o carácter vinculante, concluyendo que la asunción de tales políticas puede concebirse como un supuesto de declaración unilateral de voluntad productora de obligaciones, si dotada de publicidad, que generaría una confianza en terceros cuyo incumplimiento podría generar responsabilidad civil para la empresa, además de poder, en su caso, ejercitar acciones derivadas de competencia desleal en caso de publicidad engañosa (arts. 3 y 6 LGP; arts. 18 y 32 LCD). Se analiza, además, quiénes estarían legitimados activamente para exigir responsabilidad civil por incumplimiento de tales compromisos, cuál sería el daño indemnizable y cómo se podría articular procesalmente a través de acciones colectivas, a la luz de la regulación vigente (LEC.).