Esta contribución examina una revisión de gran parte de la financiación de conflictos, con el consiguiente pillaje de recursos en contexto de guerras tales como las de Camboya, Myanmar o Iraq en el Oriente, o las de Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil o Sudán en África, y que vienen a acreditar el relevante papel de estos actores económicos. Se analizan algunas avances de la jurisprudencia internacional en la materia, pero a pesar de ello la reiteración sistemática de crímenes de pillaje continúa evidenciando las graves lagunas de un derecho internacional, que no permite perseguir a las personas jurídicas por su participación en la comisión de crímenes internacionales. Los límites del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional o la desnaturalización del texto del instrumento jurídicamente vinculante que se negocia en Ginebra afianzan esta laguna jurídica.