A través de la promulgación de la Ley 7/2017, sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo se ha procedido a la incorporación a nuestro Derecho de la Directiva 2013/11/UE, sobre la misma materia.Tras la lectura de ambas disposiciones, llama poderosamente la atención el tratamiento que recibe el elemento volitivo en el procedimiento. Así, en línea de principio, las afirmaciones contenidas en la segunda parte del art. 9 de la norma española resultan verdaderamente crípticas: “en ningún caso la decisión vinculante que ponga fin a un procedimiento de participación obligatoria podrá impedir a las partes el acceso a la vía judicial” sin que, por otra parte, la definición de “procedimiento con resultado vinculante” que se realiza en su art. 2, k) permita despejar las dudas existentes sobre el particular.