No es necesario ni es adecuado para el objetivo de proteger los intereses de los acreedores, modificar los deberes de los administradores cuando la sociedad se encuentra próxima a la insolvencia. Estos deberes de diligencia y lealtad (arts. 225 ss. LSC) permanecen incólumes e invariados y, naturalmente, los administradores conservan la protección de la business judgment rule que les hace inmunes a las demandas de la sociedad por infracción de su deber de diligencia si adoptaron la decisión que causó daños al patrimonio social de buena fe, desinteresadamente y a través de un procedimiento de toma de decisión adecuado y dentro de sus competencias de gestión (decisiones “estratégicas y de negocio” art. 226 LSC). Naturalmente también, esta protección no podrá ser alegada ante la demanda de daños presentada por un acreedor porque para el acreedor, el contrato entre el administrador y la sociedad y, por tanto, la business judgment rule es res inter alios acta que no les puede perjudicar pero, naturalmente, tampoco puede pretender el acreedor beneficiarse de las cláusulas del contrato entre el administrador y la sociedad o de las normas legales que integran ese contrato. Justamente, los deberes fiduciarios son normas legales que integran el contrato entre el administrador y la sociedad. Como ese contrato no es un contrato en beneficio de terceros –de los acreedores– éstos no pueden pretender que los administradores les deban tales conductas sin haberlas contratado