El cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el cumplimiento en plazo del pago a proveedores, constituye un fin primordial de la actividad de las Administraciones públicas. Por ello, para facilitar el cumplimiento de ese objetivo, es comprensible que el Estado haya regulado diversos mecanismos de ayuda a las Comunidades Autónomas y entidades locales. Los últimos mecanismos de ayuda aprobados se contienen en el Real Decreto-ley 17/2014, que es objeto de estudio en el presente trabajo, con el que pretendemos analizar su régimen jurídico y ponderar su compatibilidad con el principio de autonomía local