El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pretende no sólo garantizar el equilibrio presupuestario sino, más aún, reducir los gastos de los gobiernos locales. Una de las formas de ahorro es la modificación del sistema competencial. El Anteproyecto pretende reducir la actividad municipal de varias formas: suprimiendo competencias locales (fundamentalmente, sobre salud, educación y servicios sociales); imponiendo que la actividad municipal se realice conforme a los «costes estándar» definidos por el Gobierno; fomentando la gestión municipal por delegación, y estableciendo una escala de prioridades en la actividad local, de manera que los ayuntamientos sólo podrán ejercer competencias «impropias» y la iniciativa económica pública cuando estuviera asegurada la gestión sostenible (y a «coste estándar») de los servicios municipales obligatorios y de las competencias propias. De otro lado, el Anteproyecto prevé el traslado de competencias a las provincias cuando los municipios de menos de 20.000 habitantes no consigan gestionar sus servicios obligatorios a «coste estándar». Estos contenidos normativos del Anteproyecto presentan múltiples deficiencias técnicas y son en buena medida disconformes con el sistema constitucional: tanto en lo que se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas como en lo que hace al principio democrático y a la garantía constitucional de autonomía local