Sabido es que en este campo el Derecho penal puede intervenir cuando el carácter fundamental de determinados bienes jurídicos y la insuficiencia de las normas laborales y del mecanismo sancionador administrativo así lo aconsejen, pero no puede olvidarse tampoco que un recurso indiscriminado y excesivo al Derecho penal,, lo único que acarrea es convertirlo en una táctica legislativa que encubra las deficiencias de otras vías que en realidad deben ser las utilizadas, como las sanciones administrativas, y al mismo tiempo y con ello, acabar provocando la inaplicación del Derecho penal mismo, precisamente por la desmesura de su uso.