This summary focuses exclusively on the chapter "Las monedas digitales" (The Digital Currencies) of the book, written by Miguel J. Arjona Sánchez: The chapter "The Digital Currencies" addresses the need for constitutional law to study digital money, a field traditionally reserved for economics, despite being a key expression of state sovereignty. The author distinguishes between money as a unit of account and its physical support, arguing that technological advances such as the printing press or electronics have reconfigured its nature throughout history. The current information technology revolution poses a crucial distinction between two types of digital money: cryptocurrencies (like bitcoin), which are private financial assets without state backing, and Central Bank Digital Currencies (CBDCs), which do represent authentic fiat money issued by a monetary authority. The text concludes that the constitutional State cannot remain outside of this transformation, which presents both risks (such as cryptocurrency volatility or CBDC privacy risks) and opportunities, and will reconfigure the traditional financial system to guarantee economic democracy and citizens' fundamental rights.

El capítulo "Las monedas digitales" aborda la necesidad de que el derecho constitucional estudie el dinero digital, un ámbito tradicionalmente reservado a la economía, a pesar de ser una expresión clave de la soberanía estatal. El autor distingue entre el dinero como unidad de cuenta y su soporte físico, argumentando que los avances tecnológicos como la imprenta o la electrónica han reconfigurado su naturaleza a lo largo de la historia. La revolución actual de las tecnologías de la información plantea la distinción crucial entre dos tipos de dinero digital: las criptomonedas (como el bitcoin), que son activos financieros privados sin respaldo estatal, y las Monedas Digitales de Banco Central (CBDC por sus siglas en inglés), que sí representan auténtico dinero fiduciario emitido por una autoridad monetaria. El texto concluye que el Estado constitucional no puede permanecer al margen de esta transformación, que presenta tanto riesgos (como la volatilidad de las criptomonedas o los riesgos de privacidad de las CBDC) como oportunidades, y que reconfigurará el sistema financiero tradicional para garantizar la democracia económica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.