En el presente estudio se analizan los elementos típicos que jurídicamente se contemplan en las modalidades del delito de cohecho, tanto en las legislaciones de España como en la de México, con el objeto de conocer hasta qué punto la respuesta que ofrece el Derecho penal ante el fenómeno de la corrupción resulta adecuada ante la actual realidad social en la que se desarrolla este delito, incluso acrecentado por la pandemia COVID 19. El Derecho penal como medio de control social debe enfocarse no desde la perspectiva de supuestos aislados, sino desde la creación de un entramado de redes de corrupción a gran escala sobre todo cuando éstos actos han resultado gravemente lesivos en la salud y la vida de las personas; como sucedió en el sonado caso del suministro de quimioterapia falsa para niños enfermos de cáncer en el Estado de Veracruz, México. En el presente estudio, lo que se valora es si en la actual regulación del delito de cohecho mexicano, el Derecho penal llega a ser un instrumento auténticamente eficaz de protección para el adecuado funcionamiento de la Administración Pública; para posteriormente fincar la responsabilidad penal que puede derivarse de la conducta lesiva (distribución de medicamentos falsificados, el desplome de una obra pública de mala calidad, el otorgamiento de permisos de construcción en zona no permitida, entre otros, que ponen en peligro la seguridad individual o colectiva, puede enfocarse tanto desde la perspectiva de la responsabilidad por la obra o el objeto en Derecho penal como de la responsabilidad penal de los profesionales de la construcción, de la salud, o del que haya intervenido en dicha transacción ilícita en cualquier ámbito de la administración federal, estatal y municipal). Aunque esta materia podría ser analizada desde diversos puntos de vista, al poder entrar en juego conductas constitutivas de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, e incluso delitos contra la vida o la salud individual o colectiva, el presente estudio se centra principalmente en la vertiente del correcto funcionamiento de la Administración Pública desde la perspectiva del servidor público, el quebrantamiento del deber y la confianza depositada en el funcionario, es decir, en la comisión del delito de cohecho.