La provincia de Buenos Aires cuenta con una extensa red de programas y políticas públicas de carácter social con el objeto de mejorar el nivel de vida de los bonaerenses, aumentar sus oportunidades económicas y fomentar la inclusión social. Dos de cada tres pesos del presupuesto provincial son destinados a programas en sectores sociales: educación, salud, asistencia social, vivienda, saneamiento. Durante 2017 la Provincia destinó casi el 6% de su PBG a programas en esos sectores. Ese presupuesto social se financia con un conjunto de fuentes, entre las que sobresalen cuatro impuestos provinciales: ingresos brutos, inmobiliario, automotor y sellos. La discusión sobre la naturaleza, tamaño y asignación del presupuesto social y su financiamiento es parte esencial del debate democrático sobre las políticas públicas. Este trabajo pretende contribuir a ese debate brindando información y análisis sobre una de las dimensiones centrales de la política fiscal: su incidencia distributiva. ¿A quiénes beneficia el gasto público social (GPS) en la Provincia? ¿Quiénes lo aprovechan en mayor medida: los grupos más vulnerables, los estratos medios o los más afluentes? ¿Sobre quiénes recae la carga de los impuestos? ¿En qué medida la desigualdad de ingresos se modifica cuando se considera el efecto conjunto de la provisión gratuita de servicios por parte del Estado y la carga de su financiamiento mediante impuestos? Las respuestas a este tipo de preguntas constituyen insumos fundamentales para la toma de decisiones de política y para el desarrollo de un debate de política más racional y productivo.

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales