Desde la aprobación de la actual Ley General Tributaria (en lo sucesivo LGT) en el año 2003 y su consecuente entrada en vigor en el año 2004 se ha promovido un mayor perfeccionamiento y depuración técnica en la configuración de numerosos tributos orientados a conseguir una mayor justicia social a través de la colaboración de los obligados tributarios. En este sentido, a lo largo de los años ha habido un incremento de potestades, poderes y facultades de la Administración Tributaria otorgadas por nuestro ordenamiento jurídico así como la conformación extendida de un conjunto de derechos y obligaciones1 de los obligados tributarios. La actual LGT ha pretendido reforzar las garantías jurídicas del administrado, en cuanto contribuyente, en sus continuas relaciones con la Administración Tributaria. Sin embargo, este proceso de compilación de derechos, garantías y defensa del administrado no puede ser opuesto a la necesidad por parte de la Administración Tributaria de indagar en el conocimiento de la verdadera situación fiscal o posibilidades de cada uno de los obligados tributarios en orden a la distribución de las cargas fiscales. En definitiva, no puede haber mayor garantía individual que un reparto justo de los tributos.

Premio extraordinario de Trabajo Fin de Máster curso 2022/2023. Máster de la Abogacía