[ES] Nuestro estudio, aplicando el m?todo comparativo examinaremos la pr?ctica en Am?rica y en Europa, advirtiendo que hay diferencias por los sistemas que se aplican. En Am?rica, por ejemplo, es m?s importante el estudio de los procesos constitucionales y de las facultades que tienen los jueces que act?an en ellos; mientras que, en Europa, la preocupaci?n se inclina hacia la investigaci?n de los l?mites y poderes de los Tribunales Constitucionales. Uno se ocupa de las garant?as procesales en el proceso bilateral; el otro enfoca la dimensi?n de la actividad normativa que puede desnaturalizar la tutela de los derechos fundamentales. Pareciera que el inter?s a desentra?ar consiste en saber cu?nto puede hacer el Juez del control difuso cuando tiene que poner en marcha su deber de afianzar la Constituci?n y hacer justicia en el caso concreto; frente a la potestad del Tribunal concentrado en una ?nica actividad de aplicar la ley y resolver si ella es o no constitucional. El segmentar la tarea del Juez constitucional de acuerdo con los poderes que cada sistema le asigna probablemente sea equivocado, porque, en definitiva, ambos tienen la misi?n de equilibrar las tensiones entre los fines constitucionales y la justicia del caso. Este estudio aborda la caracterizaci?n de una de las garant?as procesales de la Constituci?n Pol?tica colombiana de 1991 (en adelante CP), la del derecho de las partes a presentar pruebas y contradecir las que se alleguen en su contra? (art. 29). Tem?tica que en esta oportunidad se estudia con base, principalmente, en las doctrinas colombiana y espa?ola, as? como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (en adelante CCC) 1, y en especial su configuraci?n en el C?digo General del Proceso colombiano, Ley 1564 de 2012 y su aplicaci?n subsidiaria en los procesos constitucionales. Pese a lo dicho, la constitucionalizaci?n del derecho a probar en Colombia no es un mero recurso ret?rico, se trata de la necesidad de limitar los poderes estatales o paraestatales en relaci?n con las pr?cticas violentas o corruptas en la realizaci?n de la justicia. Constituye una garant?a para proteger al justiciable en su demanda de justicia. Si bien el derecho, que es un lenguaje, es susceptible de usarse ret?ricamente; tambi?n, como dice Ferrajoli (2011, Vol. I: 36), tiene un rol performativo, en el sentido que ?es necesario para tratar los problemas pol?ticos y sociales, para normarlos, para aclarar y precisar sus t?rminos, para articular sus m?ltiples aspectos, para exponer sus concretas soluciones posibles?. Precisamente, este estudio, con la caracterizaci?n y sistematizaci?n del derecho constitucional a la prueba pone de relieve el papel que cumple como garant?a para la realizaci?n de la justicia en cualquier proceso.

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