En las sociedades occidentales y desarrolladas se está haciendo patente, asociado a la transición demográfica, el envejecimiento de la población. Al mismo tiempo, y afectando a las personas de edad más avanzada, se constata una cada vez mayor dependencia y la familia sigue siendo la institución que asume, mayoritariamente, la responsabilidad y las cargas de esta dependencia. Ante esta realidad, las administraciones públicas han de establecer medidas legales y recursos sociales para la protección de quienes, en razón de sus diferentes niveles de dependencia precisen de ello. En este contexto, las personas han venido reclamando el derecho a ser dueñas de su futuro y a decidir sobre sus personas y sus bienes. Para dar respuesta a esta demanda nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado, en los últimos años, figuras legales orientadas a la prevención de la autoprotección.