El sistema de los delitos del Código penal español orientados a proteger los intereses económicos de los consumidores frente al fraude consta de una primera línea de contención ante las conductas idóneas para lesionar tales intereses, y de una segunda línea que protege del perjuicio patrimonial. Es lógico que este sistema presente fricciones cuando se abordan en detalle las consecuencias jurídicas de la eventual concurrencia de peligro y daño, como se pone de manifiesto a la largo del presente análisis. La solución a los problemas de concurrencia de normas penales viene dificultada por el hecho de que en cada uno de los tres delitos de peligro para el patrimonio de los consumidores tanto la configuración de los tipos como las perspectivas concursales aparecen de distinto modo. Este tratamiento diferenciado no está justificado ni por la fenomenología de las conductas respectivamente descritas ni por el grado de peligro que en la realidad económica representan, puesto que en los tres casos se prohíbe exponer a una pluralidad de consumidores a un peligro patrimonial del que se deriva la elevada probabilidad de lesión masiva. De este estado de la cuestión se deduce la necesidad de racionalización en el sentido de dispensar a los tres delitos un tratamiento legislativo homogéneo.