La economía mundial se ha visto muy afectada por la COVID-19 y el blanqueo sin duda lesiona o pone en peligro el orden socioeconómico estatal e internacional. Tanto el blanqueo como la COVID-19 son fenómenos globales, por lo que las iniciativas estatales aisladas están condenadas al fracaso. Como en la COVID-19 es preferible evitar el contagio, también es mejor prevenir el blanqueo que castigarlo. La COVID-19 ha incrementado la cibercriminalidad, especialmente los fraudes de productos médicos necesarios para combatirla u otros fraudes online. La mayor parte de las ganancias de estos delitos se blanquean. También aumentaron con la COVID-19 las ofertas de trabajo a potenciales blanqueadores a través de correos electrónicos. Además, la Directiva 2018/1673 obliga a los estados miembros a garantizar que los nuevos riesgos de las monedas virtuales se aborden adecuadamente. Las Directivas 2015/849 y 2018/843 exigen continuas adaptaciones del marco legal para responder a las amenazas del uso de las nuevas tecnologías en el blanqueo. Sin duda, los nuevos sistemas de pago facilitan la actividad criminal de los blanqueadores, pero con la COVID-19 se evita el uso de efectivo y se da preferencia a los medios de pago electrónicos. En el mismo sentido, incluso se pretende eliminar el efectivo para evitar el blanqueo. La COVID-19 también ha afectado al control total de la población a través de los teléfonos móviles, un control total que también se pretende utilizar en las investigaciones de blanqueo. Sin embargo, el control total puede llevarnos al mundo de las telepantallas orwellianas.