El presente trabajo tiene por objeto estudiar el régimen jurídico de las prestaciones que integran los servicios sociales en España. En concreto, se pretende examinar la tercera generación de leyes autonómicas de servicios sociales, con la finalidad de, por un lado, precisar la progresiva configuración de las prestaciones sociales como derecho subjetivo y, por otro, reflejar algunas de las polémicas surgidas en el marco regulador, como son la regresividad de derechos o la participación de las personas usuarias en su financiación. Para lograr este objetivo, he optado por estructurar el trabajo en cuatro epígrafes. En primer lugar, se realizará una aproximación al cuarto pilar del Estado de Bienestar. En segundo lugar, se describirán las diferentes prestaciones que integran los servicios sociales en las leyes autonómicas. En tercer lugar, se apuntará cómo se produce la implantación del derecho subjetivo a través de los catálogos y de las carteras de servicios sociales, así como su tutela judicial efectiva. En cuarto lugar, se analizará la financiación de los servicios sociales por parte de las personas usuarias y si el copago supone un instrumento de regresión en materia de derechos. En quinto y último lugar, se señalan una serie de conclusiones. Finalmente, es importante anotar que el resultado de toda esta implementación de prestaciones y derechos no puede abstraerse del coyuntural escenario de recesión económica que ha provocado drásticos ajustes en los gastos e inversiones públicas, poniendo en entredicho las históricas conquistas sociales y sugiriendo, en consecuencia, un peligroso retorno a las formas de actuación de tiempos pretéritos. Y, todo ello, marcado por un aspecto fundamental que recorre todo el espacio intrínseco de los servicios sociales como es la política y su orden de prioridades.