Los derechos sociales involucran un componente de políticas públicas cuya determinación se encuentra fuera de las competencias del juez constitucional. Por tanto, los intentos de justiciar directamente los derechos sociales contenidos en las constituciones estimulan al juez a practicar una conducta activista, evaluando elementos que en realidad no corresponden a una interpretación propiamente jurídica. Para demostrar esta afirmación, se estudiarán algunas sentencias de los tribunales constitucionales y superiores de Brasil, Colombia, Perú, Chile y de la Corte Interamericana, que aplican el denominado principio de progresividad en el cumplimiento de los derechos sociales