Frecuentemente, el debate sobre la exigibilidad directa de los derechos sociales gira alrededor de un supuesto implícito, que otorga la responsabilidad del cumplimiento de este tipo de derechos de forma principal, o incluso única, al estado. Pocas veces se tiene en cuenta que la sociedad puede tener un importante papel en el logro de los objetivos propios del constitucionalismo social. El presente trabajo, en consecuencia, busca rescatar el papel de la sociedad en el logro de los objetivos de este aspecto del constitucionalismo, y en el mismo sentido, reconocer esta cuestión no sólo como un asunto de caridad, sino como una cuestión plenamente constitucional